El Gobierno de Navarra rechazó la difusión de los países de origen de las personas detenidas.

Navarra se opone a publicar el país de origen de las personas detenidas

El Ejecutivo de Navarra ha manifestado su rechazo a la iniciativa legislativa presentada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) para reformar la Ley Foral 13/2023, norma autonómica destinada a combatir el racismo y la xenofobia. La propuesta de UPN plantea que el Gobierno esté obligado a difundir trimestralmente el país de origen de las personas arrestadas por presunta comisión de delitos.

En una comparecencia en Pamplona, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, argumentó que la medida “no aporta herramientas efectivas para prevenir la delincuencia” y, por el contrario, podría fomentar estigmatizaciones. Según Alfaro, incluir de manera sistemática la nacionalidad en los informes públicos “no es un dato imprescindible para comprender los hechos” y puede generar asociaciones injustificadas entre ciertos colectivos y la criminalidad.

El Ejecutivo navarro sostiene que divulgar el origen nacional cuando no guarda relación directa con el delito “viola principios básicos como la igualdad y la proporcionalidad” y podría derivar en discriminación indirecta. Además, advierte sobre posibles afectaciones al derecho al honor si se repite la vinculación de determinadas nacionalidades con conductas delictivas.

Desde el Gobierno foral se enfatiza que la propia finalidad de la ley que se busca modificar es combatir prejuicios y discursos excluyentes, por lo que imponer esta obligación estadística sería contradictorio con el espíritu de la norma.

La postura oficial se respalda en la normativa europea y estatal contra la discriminación. En particular, se cita la recomendación número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que alerta sobre el perfilado étnico cuando se utilizan criterios como la nacionalidad u origen sin justificación objetiva. Asimismo, la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, prohíbe la discriminación directa e indirecta por origen racial o étnico y obliga a las administraciones públicas a prevenir estas prácticas.

El debate sobre la reforma continuará ahora su tramitación en el Parlamento de Navarra.