Correos negó oficialmente haber gestionado procesos de regularización de extranjeros en los que se omitiera la presentación del certificado de antecedentes penales.

Correos desmiente irregularidades en la tramitación de regularizaciones

La empresa pública Correos ha emitido un comunicado oficial para desmentir las informaciones que sugieren una supuesta flexibilización en la exigencia del certificado de antecedentes penales para inmigrantes. La compañía aclara que su función es meramente instrumental y que en ningún caso tiene potestad para validar o aprobar expedientes de regularización.

Clarificación de competencias y procedimiento

Para atajar la confusión, Correos ha subrayado los siguientes puntos sobre su operatividad:

• Limitación de funciones: La empresa actúa solo como intermediaria para facilitar la presentación telemática de solicitudes. La responsabilidad de evaluar y resolver dichos expedientes recae exclusivamente en la Unidad Tramitadora de Expedientes de Extranjería (UTEX).
• Gestión de documentos incompletos: Bajo el marco de la Ley 39/2015, los empleados de Correos pueden admitir solicitudes a las que les falte documentación, señalando siempre qué archivos están ausentes. Esto no implica una exención de requisitos, sino que abre el periodo legal de subsanación, donde la autoridad competente requerirá formalmente los documentos faltantes.
• Conocimiento normativo: La compañía asegura que, desde que se inició el proceso el pasado 20 de abril, su personal ha sido instruido sobre la obligatoriedad del certificado de antecedentes penales.

Defensa de la reputación institucional

Correos ha defendido la profesionalidad de su plantilla, destacando que reciben formación continua bajo las directrices del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para minimizar errores administrativos.

Acciones legales: Ante lo que considera una difusión de noticias falsas que dañan su imagen pública, la empresa ha anunciado que ejercerá su derecho de rectificación (Ley Orgánica 2/1984) contra los medios que publicaron la información sin contrastarla previamente.